Cuerpo de la Noticia.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la magistrada del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por permitir la celebración de manifestaciones en la región durante la fase de expansión del coronavirus —entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo—. El ministerio público descarta, en un recurso enviado al Juzgado de Instrucción 51 de la capital, la responsabilidad penal del representante del Ejecutivo en un proceso que ha revolucionado la política nacional en las últimas semanas, con ataques a La Moncloa por supuestas injerencias después de que el Ministerio del Interior decidiese cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz de un informe enviado a la juez por guardias civiles bajo su mando.

A lo largo de un escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía carga contra la propia decisión inicial de Rodríguez-Medel de abrir la causa el pasado 23 de marzo, tras recibir la denuncia de un abogado particular. El ministerio público incide en que, después de analizar todas las acusaciones vertidas, Franco no prevaricó. Ni por activa ni por pasiva. Y, es más, reprocha a la juez que le impute este supuesto delito por dar luz verde a las movilizaciones, pero no concrete “con claridad” qué resolución emitió el delegado del Gobierno “cuya ilegalidad haya que valorar”. La Fiscalía cree que resulta “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación no implica que haya podido cometer prevaricación: «Pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución”.